La
ley de medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, viene a cambiar
los estándares autoritarios de la anterior ley de la época de la dictadura y
avanza en la modernización de las comunicaciones, el pluralismo, la libre
formación de la opinión pública. La libertad de expresión, el derecho a informar
y estar informado y asegura los mecanismos del derecho a la diversidad de
opinión. Además recupera al Estado su derecho inalienable a regular el mercado
de medios. Debemos tomar en serio esa palabra “mercado” para entender el
fenómeno.
Valoraciones
que reafirma el fallo en cuanto la ley permite garantizar el objetivo de
“regular el mercado de medios audiovisuales para promover la diversidad y la
pluralidad de voces y evitar que se consoliden prestadores en posiciones
dominantes que distorsionen el mercado”. Y resalta su valor anti monopólico
como
camino para “el fortalecimiento de la libertad de expresión y del derecho a la
información de todos los individuos”.
Pero
a la vez destaca el papel del Estado como garante de la libertad de
expresión. Nuestra Corte en base a la Corte Internacional de los derechos
humanos diferencia la faz individual y la colectiva de la libertad de expresión.
Por la individual cualquier ciudadano tiene derecho a expresarse en
cualquier medio y los demás tienen derecho a recibirlo. Aquí se sostiene
que la potestad estatal debe ser mínima, reducida cuando ese derecho afecta a
terceros. Pero en la faz colectiva señalan que “exige una protección activa por
el Estado”. Se basan en la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión
de la Comisión Internacional de Derechos humanos del año 2000 donde destaca que
los medios de comunicación tienen un innegable poder en la formación cultural,
política y religiosa de todos los habitantes. Por lo que si los medios son
controlados por pocos o uno solo, la carencia de pluralidad es un serio
obstáculo para el funcionamiento de la democracia. Clarín quería dejar a
la libertad de expresión librada a las leyes del mercado y a las de la
competencia. Es la óptica del negocio. “La ley 26.522 no establece reglas
dirigidas a afectar a un sujeto o alguna clase de sujetos y no a otros. Por el
contrario, promueve la libertad de expresión en su faz colectiva estableciendo
límites iguales a todos los titulares de licencias”.
Como
lo señala Fernando Krakowiak la Corte estableció que el Estado también tiene la
opción de querer asegurar un mayor pluralismo como lo dice en su fallo: “a
través de la sanción de normas que a priori organicen y distribuyan de manera
equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de
comunicación”. Queda claro que el fundamento de la regulación es
garantizar la pluralidad y diversidad de voces que el sistema democrático exige
y no en la naturaleza limitada del espectro como bien
público.
¡Cuanto
mayor son los peligros si los medios están concentrados en pocas manos o
en un solo grupo! Se convierten en supra gubernamentales. Ponen y sacan
gobiernos. Es esa mezcla fatal de poder y dinero a la que suman el monopolio de
la información y de la palabra. Establecen la agenda diaria, incluso la de la
mesa familiar o la del café. No solo puede manejar el humor social,
desestabilizar, imponer sus intereses, sino que termina demoliendo la moral
pública, la juridicidad y hasta los cimientos mismos de la república donde todos
somos iguales ante la ley. Esa apropiación de la información y su influencia en
la opinión pública era una lanza clavada en el medio del corazón del sistema
democrático. Lo supo y dijo Alfonsín y actuó decididamente Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner. Todos los golpes de estado nacieron y crecieron
en medio de violentas calumnias de la prensa donde perdió el pueblo, como nos
enseña la historia. Pero la lección parece no aprendida por algunos sectores.
Esa lección reforzó la legitimidad de la propuesta gubernamental. Pero para ello
el gobierno debió tomar la iniciativa que no es nueva en el mundo ni en los
países más desarrollados. Muchas veces los estados europeos son tomados como
ejemplo, sin embargo podemos citar casos, como Alemania, en el que la ley sobre
medios es menos benignas que la nuestra. En nuestro país Raúl Alfonsín envió al
Congreso Nacional una ley más restrictiva en abril de 1988 que preveía menos
licencias en pocas manos y severas limitaciones anti
monopólicas.
Es
digno de destacar el largo y participativo proceso de la ley. Muchos sectores
participaron no solo de su elaboración, sino también del completo debate público
que se dio a lo largo y a lo ancho del país con la presencia de especialistas y
de simples ciudadanos, para luego afrontar los debates en comisiones o en el
pleno de las cámaras legislativas. Y fue ley. Con todo el valor que ella tiene
en el sistema democrático. Pero solo el poderoso grupo Clarín logro el
privilegio de eludirla.
Una
oposición ávida de las cámaras del todopoderoso Clarín (a su vez jefe o líder de
la oposición y de su agenda) desvió el eje de la resolución sobre los cuatro
artículos cuestionados.
El
gobierno demostró ejercer el poder como corresponde, con responsabilidad y
eficiencia sin tranzar, sin medir las consecuencias y hacer lo que se debe.
Enfrentó al poder de las sombras, al más siniestro y dañino. La legislatura
demostró estar a la altura de las circunstancias: debatió, se informó, discutió
y aprobó a conciencia una ley. En el Poder Judicial la lucha fue gigantesca
porque aparecieron los jueces ligados al grupo, cuyos fallos hoy han sido
demolidos por el de la Corte. Desde el año 2009 la Corte intervino en cuatro
oportunidades en el caso. Una corte que no es adicta al gobierno, que
tiene su prestigio y hay que reconocer, que si bien aún quedan rezagos del viejo
régimen, es una de las obras más interesantes de Néstor Kirchner: le dio
jerarquía y brillo académico.
Los
jueces que votan a favor con la totalidad de lo cuestionado son los más
prestigiosos en cuanto a su trayectoria académica, bibliográfica y
universitaria: Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni,
también lo es Enrique Petracchi, que brilló además por sus disidencias en épocas
de desprestigio de la Corte. Carlos Fayt es el único que vota en contra de
la Ley de Medios. Con 95 años su hermana está casada con Claudio Escribano,
socio y director de La Nación y no se excuso. La Constitución Nacional
establece en 75 años la edad tope para cumplir funciones en el Poder
Judicial. Y hablando de FAYT de Escribano, recordemos que por una cautelar La
Nación hace 10 años que no paga aportes patronales. Un capital sin
actualizar de 280 millones de pesos que es mucho más de los que cuestan
los “planes” que tanto critican.
Lo
que debemos preguntarnos es si la supremacía constitucional queda en manos del
poder judicial sobre los demás poderes o más bien si una corte no
elegida por el pueblo pueda impedir o quedar en sus manos (a veces por mayorías
arbitrarias y teñidas de subjetividades) la viabilidad de políticas
públicas aprobadas por mayorías parlamentarias, tal como lo plantea el Juez y
Profesor universitario Gabriel Pérez Barbará. Las políticas públicas con alcance
colectivo amplio deberían quedar en el legislador legitimadas al ser elegidos
por el pueblo como en la ciudad de Bs As donde ya hay un mecanismo de
insistencia que queda en manos en la legislatura. A pesar de la espantosa
actitud lobista o rogatoria de sus gobernantes.
La
realidad no se construye con fallos judiciales. Se construye con decisión
política. Apostamos a la vida, a que se sigan reconociendo derechos. Hay causas
que no son de un gobierno. En este caso es una causa de unas cuantas
generaciones y fundamentalmente de la república.
Falta
el camino más largo: la aplicación y la pronta resolución del escandaloso caso
de PAPEL PRENSA, donde se demuestra que los grupos empresariales de Clarín y La
Nación no solo apoyaron la dictadura sino que también en medio de los delitos de
lesa humanidad obtuvieron réditos y privilegios económicos, que hoy vuelven a
usar: derecho de propiedad y de comercio, que desnudan sus propios falsos
argumentos de libertad de expresión. Pero no todos leemos que solo son negocios
y no de los más limpios. Además
violaron todas las normas de convivencia, legalidad, constitucionalidad y
democracia que hoy pretenden esgrimir sin pudores. La libertad de expresión es
un derecho, no un negocio. Para ello es necesario ciudadanos con discernimiento
y juicio crítico.
Dr.
Alejandro Jorge Casañas
Viceintendente
Presidente
del H. Concejo Deliberante de
Concordia.
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